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ALAMO, Texas – Eustorgia Santos de Torres vive aquí desde hace cuatro décadas. El año pasado, acudió a una organización sin fines de lucro de confianza en el Valle del Río Grande para recibir ayuda con el proceso de solicitud de ciudadanía. Esa misma organización, La Unión del Pueblo Entero (LUPE) posteriormente la ayudó a registrarse para votar, y ella emitió su primer voto como ciudadana en las elecciones primarias de marzo pasado.
Santos de Torres, de 67 años, está jubilada después de haber trabajado durante años limpiando casas y como auxiliar de atención médica. Habla principalmente español y es la cuidadora principal de su esposo, Nemorio, que es ciego. “Yo soy sus ojos”, dijo Santos de Torres.
Pero el mes pasado, Santos de Torres, una nueva votante, tuvo dificultades para ayudar a Nemorio, un ciudadano nacido en los Estados Unidos, a entender y completar su boleta de votación por correo para las elecciones de noviembre. Toda la información de la boleta está en inglés, señaló, y las letras son pequeñas.
Por ello, Santos de Torres ayudó a Nemorio a subir al auto y recorrió, como tantas otras veces, los siete minutos de camino hasta la sede de LUPE, en la vecina localidad de San Juan, para pedir ayuda con la boleta de su esposo.
Esta vez, sin embargo, los trabajadores de LUPE, a su pesar, rechazaron a la pareja.
En 2021, la Legislatura estatal de Texas, dominada por los republicanos, aprobó una reforma integral y controvertida de las leyes electorales, conocida como SB1. Entre otros cambios, la SB1 prohibió que cualquier persona reciba una compensación por ayudar a los votantes a completar sus boletas electorales.
Esto no solo prohíbe que el personal remunerado de las organizaciones sin fines de lucro asista a los votantes, sino que también criminalizó algunas prácticas habituales, como cuando las organizaciones proporcionaban dinero para gasolina o estipendios a los voluntarios. Las infracciones constituyen un delito grave castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.
A raíz de la ley, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un republicano que actualmente compite en la contienda por un escaño en el Senado de los EE. UU. —la cual es objeto de atención a nivel nacional—, investigó y procesó a grupos de defensa de los derechos de los votantes y a organizadores en comunidades predominantemente latinas en todo el estado.
Grupos como LUPE afirman que se han visto obligados a modificar o suspender algunas actividades de difusión electoral por temor a infringir la ley. LUPE solía enviar a sus trabajadores a recorrer las cuadras a pie para ayudar a los votantes. Ahora, en cambio, tiene que pedirle a voluntarios que realicen esas actividades de manera más limitada.
Los votantes latinos y otros que no hablan inglés serán clave para el resultado de las contiendas de alto perfil por escaños en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos de este año en el estado. Sin embargo, la ley significa que dichos votantes, así como aquellos que son mayores o tienen discapacidades, tienen menos opciones de ayuda.
LUPE es conocida por brindar asistencia personalizada a las personas de la comunidad latina, por lo que las restricciones a la asistencia electoral representan un problema importante para la organización, afirmó la directora ejecutiva Tania Chavez Camacho. Texas tiene reglas estrictas que limitan quiénes son elegibles para usar boletas por correo, pero las personas mayores de 65 años pueden hacerlo. LUPE ayuda a unas 30,000 personas al año, señaló, incluyendo a personas con discapacidades y a muchos adultos mayores que, cada año, “quieren votar por correo y vienen buscando ayuda”.
Ahora, según afirmó Chavez Camacho, cuando el grupo organiza reuniones comunitarias abiertas al publico para instruir a los residentes sobre cómo votar, si un votante saca su boleta por correo para pedir ayuda, los organizadores deben pedirle que se retire para que los empleados remunerados no estén cerca de la boleta.
Y si los trabajadores del área de defensa de los derechos de LUPE están haciendo campaña puerta por puerta para los candidatos y un votante les muestra una boleta por correo y les pide ayuda para llenarla, los trabajadores han sido capacitados para decir que no pueden y retirarse, afirmó Chavez Camacho.
“Literalmente tenemos que rechazarlos”, expresó Chavez Camacho. “Hemos tenido que capacitar intensamente a nuestro personal durante los últimos tres años porque estaban muy acostumbrados a brindar asistencia personalizada a la gente, y ahora no pueden hacerlo”.
Santos de Torres hizo lo que pudo para ayudar a su esposo, quien envió su boleta por correo hace aproximadamente un mes.
“Pero no está bien que LUPE no nos pueda ayudar”, comentó. “Esa ley no está bien. Está excluyendo a las personas que necesitan ayuda”.
“¿Qué pasaría”, añadió, “si mi esposo no me tuviera a mí?”.
‘Una persona que no sabe leer tiene que hacerlo por su cuenta’
El Valle del Río Grande, donde tiene su sede LUPE, abarca aproximadamente 4.300 millas cuadradas a lo largo de los condados de Hidalgo, Cameron, Starr y Willacy, en la frontera con México, en el extremo sur de Texas. Es una comunidad diversa cuyos residentes hablan principalmente español. Las generaciones más jóvenes alternan con facilidad entre el inglés y el español en sus conversaciones.
Muchos hogares están integrados por familias cuyos miembros tienen distintas situaciones migratorias, incluidos algunos que han vivido en la región durante generaciones. El Valle también cuenta con un historial de activismo, al ser la cuna del movimiento de trabajadores agrícolas de Texas en la década de 1960. Los trabajadores agrícolas —quienes cosechaban algodón, verduras y frutas— se organizaron y marcharon cerca de 400 millas desde el Valle hasta Austin para exigir salarios justos y mejores condiciones laborales. En la actualidad, la mano de obra de los trabajadores agrícolas de origen mexicano-estadounidense sigue siendo fundamental para el crecimiento y la economía agrícola de la región.
Pero debido a la escasez de viviendas asequibles, los mexicano-estadounidenses compraron durante años terrenos que podían pagar en zonas rurales fuera de los límites urbanos, que a menudo carecían de infraestructura básica y servicios públicos. Esas comunidades se conocen hoy en día como las colonias.
Alamo, donde vive Santos de Torres, y San Juan, donde tiene su sede LUPE, son ciudades vecinas. El paisaje varía según la zona. En los sectores del sur de las ciudades, más cerca de la frontera con México, casas residenciales modestas con jardines delanteros verdes adornan las calles bordeadas de palmeras. Los centros comerciales, las cadenas de restaurantes, los estadios y los desarrollos comerciales se encuentran al norte de las ciudades, a lo largo de la Carretera Interestatal 2, lo que refleja la transición de lo que alguna vez fue una comunidad principalmente agrícola a un creciente centro metropolitano. El Valle ha dependido durante años de su comercio de bienes y servicios con México. Cuenta con una población de más de 1,4 millones de habitantes y el 90 % de ellos son hispanos o latinos, según datos del Censo.
Alrededor del 24 % de las personas en el Valle viven por debajo del umbral de pobreza, lo que representa más del doble de la tasa nacional. Asimismo, cerca del 30 % de los residentes del Valle no tienen seguro médico, una de las tasas de personas sin seguro más altas del país. La región también registra una de las tasas de diabetes más altas de la nación; la ceguera de Nemorio Torres es una complicación de esta enfermedad.
LUPE y otras organizaciones de defensa de derechos han trabajado durante mucho tiempo con los residentes de las colonias y de todo el Valle, brindando recursos para encontrar viviendas asequibles y tratamiento médico, o ayudando con procedimientos complejos como la declaración de impuestos. La educación de los votantes y el alcance electoral para fomentar la participación electoral eran parte de su misión.
Ahora, en lugar de brindar asistencia personalizada, LUPE organiza sesiones grupales con un proyector de pantalla que muestra cómo son las solicitudes de voto por correo y las boletas electorales. Los facilitadores señalan la pantalla para indicar lo que dicen las instrucciones y explicar cómo se deben completar los formularios.
Las limitaciones son frustrantes, señaló Chavez Camacho, especialmente “si una persona no sabe leer”. “No importa que estemos haciendo esas sesiones porque una persona que no sabe leer tiene que hacerlo por su cuenta y no podemos ayudarla a saber dónde marcar”, explicó.
En cambio, los trabajadores y voluntarios de LUPE se enfocan ahora en informar a la gente que se aproximan fechas límite clave. También cuentan con menos voluntarios dispuestos a orientar y servirles de intérpretes a los votantes en los centros de votación, afirmó, porque la ley ahora exige que estas personas declaren bajo juramento que el votante cumple con los requisitos para recibir ayuda por tener una discapacidad o necesitar un intérprete, además de detallar su relación con el votante. También deben declarar bajo juramento que no reciben un pago por parte de un candidato o comité político, lo cual sería ilegal. Los voluntarios temen que cualquier error al asistir a los votantes podría meterlos en problemas, concluyó Chavez Camacho.
“Realmente sentimos que las personas no están recibiendo el apoyo que necesitan”, expresó Chavez Camacho.
Los expertos en derecho electoral y del voto señalan que los tribunales han interpretado que la “compensación” prohibida para los voluntarios según la ley SB1 incluye cualquier tipo de beneficio. Esa interpretación es tan amplia que dificulta a las organizaciones de participación electoral saber si están violando la ley, afirmó Zachary Dolling, director de litigios del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el cual trabaja con agrupaciones para diseñar capacitaciones de participación electoral que cumplan con la legislación.
Dolling mencionó que, históricamente, algunas organizaciones proporcionaban a los voluntarios no remunerados cena, camisetas o bolígrafos, mientras que otras otorgaban créditos universitarios por su labor.
“Todas esas cosas son cosas que tienen valor” y podrían considerarse una compensación, advirtió.
Defensores alertaron a los líderes estatales sobre las cargas adicionales para personas con discapacidad
Los republicanos de Texas aprobaron la SB1, la reforma radical de la ley electoral, respondiendo en parte a afirmaciones falsas y teorías de conspiración sobre las elecciones de 2020.
Los republicanos afirmaron que la ley aumentaría la confianza pública en las elecciones. Los demócratas argumentaron que la legislación perjudicaría de manera desproporcionada a los votantes de color y a las personas con discapacidades, y abandonaron el pleno en dos ocasiones y llevaron a cabo un filibusterismo de 15 horas en el Senado en su intento fallido por derrotar el proyecto de ley.
A pesar de las demandas de organizaciones de derechos al voto, incluidas LUPE, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y agrupaciones que representan a tejanos con discapacidad, un tribunal federal de apelaciones ratificó finalmente las disposiciones clave de la SB1, incluidas las restricciones a la asistencia al votante.
Mientras tanto, otros intentos de ampliar la ayuda para votar a las personas con discapacidades no tuvieron éxito.
En 2023, el gobernador Greg Abbott, republicano, vetó un proyecto de ley bipartidista que habría ampliado el acceso al voto por correo para personas con discapacidades, específicamente personas ciegas o paralizadas que necesitan ayuda para marcar su boleta, al permitir que dichos votantes soliciten una boleta electrónica y usen una computadora para marcar sus opciones. Alternativas similares en Texas ya están disponibles para votantes militares en el extranjero y astronautas, pero no para votantes con discapacidades.
Los desafíos que han enfrentado Santos de Torres y su esposo son un ejemplo de lo que preocupaba a los defensores bajo la SB1, señaló Lydia Nunez Landry, coordinadora estatal de REV UP Texas, una organización que trabaja para promover la participación electoral de las personas con discapacidad.
“Ese era nuestro peor temor y ahora está sucediendo”, dijo. Nunez Landry tiene distrofia muscular, utiliza una silla de ruedas motorizada y necesita ayuda para realizar tareas básicas como abrir el refrigerador.
“El estado ha hecho que votar sea sencillamente tan imposible y tan arduo para la gente, y ahora las personas también tienen pánico de ayudarnos”, dijo.
Una mayor ‘sensación de ansiedad’
Los grupos en todo el estado han estado modificando sus labores de captación de votantes para cumplir con la SB1.
Asian Texans for Justice realiza actividades de participación electoral en comunidades asiáticas, enfocándose en San Antonio, Houston, Austin y el norte de Texas.
Las reglas más estrictas asociadas con el voto por correo bajo la SB1 han creado “una sensación de ansiedad” en esas comunidades, afirmó la directora ejecutiva Nabila Mansoor. Ella señaló que el proceso es ahora mucho más complicado para los votantes de edad avanzada, quienes deben proporcionar una de las dos formas de identificación permitidas en su solicitud y prestar mucha atención a páginas de instrucciones que están escritas en un tipo de letra que es pequeño y difícil de leer para ellos. Además, un error podría obligarlos a reiniciar todo el proceso de solicitud de una boleta.
“Esa ansiedad proviene de esta clase de miedo a hacer algo mal”, afirmó Mansoor. “Cada vez que tienes ese tipo de miedo, es una barrera más para que esa persona realmente vaya a votar”.
Ahora que Asian Texans for Justice ya no puede brindar ayuda personalizada, han pasado a proporcionar listas de verificación para los votantes, señaló ella, lo cual considera menos efectivo cuando algunos votantes pueden necesitar ayuda para leer y entender la boleta y las instrucciones.
Mansoor afirmó que considera que el objetivo de la SB1 era hacer que fuera más difícil para la gente votar.
“Significa que tenemos que ser más cuidadosos. Significa que tenemos que cuidar hasta el más mínimo detalle. Significa que tenemos que llevar buenos registros. Significa que tenemos que ser muy minuciosos en lo que respecta a la capacitación de nuestros voluntarios”, afirmó ella, agregando que la organización también formó un equipo legal para defenderse de los cuestionamientos a su trabajo.
Mientras tanto, los voluntarios de LUPE y de otras agrupaciones afirman que están haciendo todo lo posible para cubrir ese vacío.
María Gómez, mejor conocida como Doña Mary, de Pharr, fue trabajadora agrícola durante años en el condado de Hidalgo y ha sido miembro de LUPE desde que se fundó la organización. Gómez, de 78 años, estuvo involucrada en el movimiento de trabajadores agrícolas hace años. Ahora se asegura de que sus amigos y vecinos de la tercera edad estén al tanto de los plazos electorales, sepan dónde votar y tengan transporte a las urnas si lo necesitan.
Después de dejar a sus nietos y bisnietos en la escuela, hace sus rondas por las colonias de San Juan en su pequeña camioneta SUV roja. Conversa con sus vecinos y les pregunta en qué necesitan ayuda o si necesitan recursos o transporte. Siempre está atendiendo llamadas.
“La gente no vota porque a veces no pueden salir de su casa y porque puede que no tengan acceso al papel que necesitan firmar para que les llegue su boleta”, dijo Gómez, refiriéndose a los formularios de registro de votantes y a las solicitudes de voto por correo.
Una de sus amigas, Teresa Corona Garza, de 80 años de San Juan, ha dependido de Gómez para que la lleve a las urnas desde hace algún tiempo. Corona Garza tiene dificultades para estar de pie por largos períodos de tiempo y no puede ver muy bien de su ojo izquierdo. A pesar de que califica para votar por correo, prefiere ir a las urnas en persona.
“Hay mucho que tienes que llenar ahí, y las letras están muy chiquitas”, dijo Corona Garza. “No, yo mejor voy, yo quiero ver que mi voto cuenta”, expresó.
Las leyes se han vuelto tan complicadas y estrictas que a Gómez le preocupa que los líderes estatales puedan incluso intentar evitar que los voluntarios como ella lleven a las personas a votar.
“No sé qué va a pasar, no se si van a seguir haciendo esto más difícil para la gente”, manifestó, “pero me gustaría ver que las personas que quieren votar puedan votar”.
Natalia Contreras cubre la administración de elecciones y el acceso al voto para Votebeat en colaboración con el Texas Tribune. Natalia reside en Corpus Christi. Puedes comunicarte con ella a través de su correo electrónico: ncontreras@votebeat.org.